La encrucijada de los dos collares | Contexto semanal 07.25 V.3

Los presentes sucesos reflejan el contexto internacional y local de los tiempos que se vienen. Hoy en Geopolítica y Actualidad Nacional escribe Ariel Duarte. 

#1 - La encrucijada brasileña

La participación de Brasil en la alianza internacional de los BRICS data desde su origen, cuando el organismo fue promovido por un directivo de la Goldman Sachs, el británico James O’Neill, que proponía un ingreso ordenado de las potencias emergentes en los mercados globales, luego de la caída del Muro y la consolidación del Consenso de Washington. 

O’Neill era director del área de economía global del gigante banquero Goldman Sachs, que desde comienzos de siglo propugnaba el término BRIC para referirse a Brasil, India, Rusia y China. Cuatro naciones que -según su paper Building Better Global Economic Brics de 2001- era fundamental unificar sus mercados para poder integrarlos al nuevo orden global.. 

Para 2003, escribió otro ensayo denominado “Soñando con los BRIC: rumbo a 2050”. El inglés también abogó en 2005 por el denominado N11, que nucleaba a otras potencias emergentes como México, Turquía, Indonesia, Corea del Sur, Bangladesh, Irán, Egipto, Nigeria, Vietnam, Filipinas y Pakistán. Su especialización en el mercado internacional de divisas, le permitió colaborar en que las naciones del naciente bloque pudieran integrarse a la arquitectura financiera y comercial, con beneficios sobre sus mercados comunes. 

Hay que aclarar que los intereses del sector financiero en la promoción de alianzas de libre comercio regionales son más que una vocación altruista. Estas alianzas representan oportunidades concretas para bancarizar, securitizar o intermediar en negocios multimillonarios. En muchos de estos emprendimientos, los principales clientes de los bancos -las corporaciones transnacionales- tienen intereses directos en países emergentes, como resultado de la deslocalización de la producción y de las extensas cadenas de comercialización propias de la era globalista.

Finalmente, los primeros encuentros del BRIC se dieron de manera informal en 2006, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Tardaron 3 años en celebrar su primera cumbre, en la cual se comprometieron a promover un orden mundial multipolar y la no intervención global, abogando por una nueva moneda de reserva alternativa al dólar. En la cumbre de 2011, Sudáfrica se sumó a la organización y el nombre pasó a ser BRICS. 

Otro de sus hitos tuvo origen en la cumbre de 2012, pues allí se propuso la creación de un nuevo Banco Internacional de Desarrollo, que comenzó a operar en julio de 2014 con un aporte inicial de 100 mil millones de dólares. 

A partir de 2017, se desató la guerra comercial de Estados Unidos contra uno de sus principales miembros: China. La organización comenzó a trabajar en ampliar las fronteras de la alianza comercial, en tanto se había caído el tratado de libre comercio transpacífico en el que muchos emergentes se habían anotado. 

Una vez desatado el conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania, tras las sanciones financieras y comerciales promovidas por la Unión Europea y Estados Unidos en 2022, la alianza BRICS puso sobre la mesa la discusión del dólar como patrón único para el comercio internacional.

Para 2023, la cumbre sudafricana anunció la admisión de Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía y Argentina, aunque nosotros desistimos de la solicitud al año siguiente. A comienzos de este año, se formalizó el ingreso de Indonesia como miembro pleno, y el nombre de la alianza fue rebautizada a BRICS+.

La pregunta es por qué un sector importante de la diplomacia de Brasil consideró oportuno el ingreso al bloque. Uno de los objetivos que se plantea el gigante sudamericano es ser el único Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la Región, y con ello consolidar su liderazgo frente al resto de Hispanoamérica. En el fondo, la pretensión inglesa de siglos anteriores sigue presente, pues el segundo objetivo de confrontación continental de Brasil es el gigante del norte, Estados Unidos. 

Otro de sus Estados miembro, India, de tradición colonial inglesa, también se propone como miembro permanente del Consejo de Seguridad, considerando a su vez que cuenta con armamento nuclear.      

En la reciente Cumbre del 6 de julio en Brasil, si bien los presidentes de China y Rusia pegaron su faltazo, se acordó la Declaración de Río de Janeiro, denominada “Fortaleciendo la Cooperación del Sur Global para una Gobernanza más Inclusiva y Sostenible”. 

En el punto 6 de la Declaración se insistió con el ingreso de Brasil e India al Consejo de Seguridad como miembros permanentes, como se hizo en declaraciones anteriores. 

Lo más notorio de la Declaración fue el punto 13, en tanto parece escrito por quienes desde hace 50 años recorren el planeta en defensa del “mundo libre”. Allí, se mencionó que: 

“El sistema multilateral de comercio está desde hace mucho tiempo en una encrucijada. La proliferación de acciones restrictivas al comercio, sea en forma de aumento indiscriminado de aranceles y medidas no arancelarias, sea en forma de proteccionismo bajo el disfraz de objetivos ambientales, amenaza reducir aún más el comercio global, interrumpir las cadenas de suministro globales e introducir incertidumbre en las actividades económicas y comerciales internacionales, potencialmente exacerbando las disparidades económicas existentes y afectando las perspectivas de desarrollo económico global”. 

A la hora de expresar las preocupaciones que el bloque tiene ante la nueva época, este mencionó “el aumento de medidas arancelarias y no arancelarias unilaterales que distorsionan el comercio y son inconsistentes con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”. 

Por otro lado, manifestó el apoyo a “un sistema multilateral de comercio basado en reglas, abierto, transparente, justo, inclusivo, equitativo, no discriminatorio y consensual, con la OMC en su núcleo, con tratamiento especial y diferenciado (TED) para sus miembros en desarrollo”. 

Para coronar la defensa de la Organización Mundial del Comercio creada en la década del 90’, celebró su 30º aniversario y advirtió que “continúa siendo la única institución multilateral con el mandato, la expertise, alcance universal y capacidad para liderar discusiones sobre las múltiples dimensiones del comercio internacional, incluyendo la negociación de nuevas reglas comerciales”. 

Mientras se firmaba la Declaración, los funcionarios de Brasil trabajaban desde hacía tiempo a contrarreloj para anunciar una obra de infraestructura que, junto al puerto en Perú, implica una integración logística de los intereses chinos en Sudamérica: hablamos del Tren Bioceánico Bayovar-Brasil, que unirá el puerto de Sechura, Perú, con el de Santos, Brasil.

El megaproyecto prevé 4 mil kilómetros de extensión, 40 mil toneladas de carga por día, trenes de cien vagones y cinco viajes diarios. Otros proyectos logísticos de infraestructura ferroviaria también son abonados por la China Communications Construction Company (CCCC), que mostró interés en la construcción del Ferrogrão, que unirá el Amazonas con el puerto, el Ferrocarril de Integración “Oeste-Este”, la Ferrovía “Norte-Sul” y el desarrollo de un megapuerto en el Amazonas, el de São Luís.

Según los datos que muestra el Consejo Empresarial Brasil-China, el gigante asiático cuenta con inversiones de 66 mil millones de dólares en los últimos catorce años en Brasil, con preeminencia de los sectores de infraestructura y energía. 

En efecto, los entredichos entre el presidente de Brasil y el de Estados Unidos sobre la situación procesal del ex presidente Bolsonaro, cuentan con un entretelón un tanto más complicado de abordar. 

El problema para Estados Unidos está en el rol que quiere adoptar el gigante sudamericano como puerta de entrada a los intereses chinos en el continente, y los acuerdos de la alianza BRICS en la defensa del sistema de libre comercio que ampara la OMC.

El objetivo central de los nuevos aranceles es frenar la escalada multilateral en la OMC, frenar los proyectos de infraestructura en favor de China y obligar a Brasil a negociar como nación independiente, a la par de Estados Unidos, sobre los nuevos términos comerciales hacia futuro, entre los cuales la moneda de cambio para una paz duradera serán los intereses geopolíticos de cada parte.

Mientras Lula analiza cómo salir de la encrucijada de enfrentarse a uno de sus principales socios comerciales, sus amenazas se limitan a equiparar los aranceles que le sean impuestos e iniciar una acción ante la Organización Mundial de Comercio.  

#2 - Entregar hasta el agua

El Ministerio de Desregulación consagrado por el gobierno nacional a partir de las facultades extraordinarias otorgadas en la Ley Bases, se prepuso desguazar toda repartición pública posible, eliminar organismos e institutos, reducir el personal estatal, y privatizar o concesionar todas las empresas que se puedan. 

La tarea fue encomendada a Federico Sturzenegger, quien fuera presidente del Banco Ciudad durante la intendencia de Macri y presidente del Banco Central durante la presidencia del mismo. El coloso de la tijera había preparado su plan de reformas como parte de la plataforma de campaña de Patricia Bullrich. A partir del triunfo del anarcocapitalista, migró hacia el nuevo gobierno para trabajar en el DNU N° 70/23 y la Ley Bases. 

Aprobadas las bases a fines de junio de 2024, el gabinete amplió sus sillas para abrir paso a una nueva Cartera, la de Desregulación, con el propósito de configurar un nuevo organigrama estatal simplificado, amigable con los parámetros del Riesgo País, es decir, con un gasto decreciente. 

El objetivo que se expuso ante la sociedad, en cuanto al rol del Ministerio de Desregulación, fue el de la reducción del déficit fiscal, abordado por el lado de la inversión pública o el presupuesto estatal más que desde los ingresos fiscales. El problema, según los libertinos, está en el “tamaño” del Estado, su ineficiencia y su burocracia, que significa un peso y obstáculo para el desarrollo del sector privado y sus fuerzas productivas. 

El objetivo que omitió exponer es de corto plazo, el que interesa al Ministro de la deuda compulsiva, Caputo, quien necesita el ingreso urgente de dólares para garantizar la salida ordenada de la bicicleta financiera por la cual unos pocos poderosos fueron beneficiados.

¿Cómo entra la desregulación en todo esto? Se busca construir un perfil jurídico amigable con los potenciales compradores del remate del patrimonio público. 

La tarea es doble, por eso requiere una coordinación de las distintas áreas económicas. Por un lado, se deben ordenar los balances de las potenciales empresas privatizables, por el otro, deben eliminarse los institutos u organismos y regulaciones que pueden implicar limitaciones a los potenciales compradores que vayan a administrar las concesiones o comprar los activos. 

Algunas cuestiones de los últimos tiempos pueden ilustrar el asunto, en este caso con un común denominador: el agua.  

Existe un organismo muy importante para la salubridad de nuestro pueblo, aunque por el contrario es muy poco conocido. Hablamos del Instituto Nacional del Agua, INA, fundado en 1973 y fundamental en la prevención de riesgos hídricos y la investigación en prospectivas hídricas, gestión del agua y el ambiente. 

Es clave para el pronóstico y alerta de inundaciones y sequías, así como el diseño de las grandes obras hidráulicas como centrales, y la investigación de enfermedades asociadas a la contaminación del agua. 

Cuenta con tres laboratorios (Hidráulica, Hidrología y Calidad de Aguas) y cuatro centros regionales (Litoral, Semiárida, Aguas Subterráneas y Andino). En su página oficial pueden observarse numerosos Estudios y Proyectos realizados a lo largo y ancho del país, para mejorar la calidad de las cuencas, caídas y corrientes de agua. 

A comienzos de febrero de 2025 comenzó a hablarse del cierre del INA. Hacía ya más de un mes desde que el Instituto había quedado sin designación de autoridades. El subsecretario de Recursos Hídricos debía hacerse cargo de su desmantelamiento. 

Solo en el centro de Ezeiza trabajan 150 familias, y en todo el país la cifra asciende a 300. El predio donde funciona es especialmente codiciado por sus 17 hectáreas, que podrían ser puestas a la venta por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en el corto plazo.

El objetivo declarado por el Ministro fue delegar las funciones a empresas externas y fusionarlo con otros organismos, hasta su cierre definitivo -tal como se contempló en la Ley Bases- y que las funciones pasen a ser provinciales.  

El vaciamiento data de varios años: Mariano Re, jefe del programa de Hidráulica del Laboratorio de Ezeiza, contó que el presupuesto actual, “comparándolo en dólares, desde los últimos quince años se redujo a la mitad”. 

A partir del Decreto N° 396/24 del pasado junio, se ordenó la conversión del INA en una unidad organizativa a cargo de la Secretaría de Obras Públicas. 

Leandro Kazimierski, investigador del Instituto, señaló que:

“La situación del INA no escapa a las generales de los organismos de Ciencia y Tecnología. Generar estas capacidades llevó cincuenta años y millones de dólares invertidos en equipamiento que le ahorraron al país miles de millones. Ahora están a un paso de romper todo sin vuelta atrás con un decreto”. 

Otro caso es el de AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos), cuya privatización viene siendo impulsada desde hace un año y medio. También se encuentra en proceso de transferencia al sector privado la administración del dragado y balizamiento de la principal vía navegable del país, la Hidrovía Paraná-Paraguay, así como la gestión de diversas represas hidroeléctricas, entre ellas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

La urgencia por vender o concesionar empresas y áreas estatales responde, en gran medida, a la posibilidad de desprenderse de inmediato de cientos o miles de propiedades que forman parte del patrimonio público, con un valor de millones de dólares. Uno de los organismos que trabaja en el inventario de todas esas propiedades y bienes es la AABE. 

En el caso de AySA, se lanzó el Plan de Acción de Transición 2024-2026, reglamentado hace una semana con la Resolución N° 76/24 de la Agencia de Planificación. El objetivo final del Plan es conseguir las condiciones operativas necesarias para la sustentabilidad del servicio, de cara al proceso de privatización ordenado en la Ley N° 27.742. En este sentido, en Ministerio de Economía se propone alcanzar el equilibrio financiero de la empresa, con prioridad en la eficiencia y austeridad, sin necesidad de aportes adicionales del Estado, con control de la morosidad y la micromedición del consumo. 

Desde ya que todo esto es inconstitucional, un servicio público debe proveerse de conformidad con los principios del bien común, el federalismo, el medioambiente y la justicia social, lo cual está muy lejos del Plan, que limita la acción de la empresa a aumentar tarifas para cubrir el costo operativo, y condiciona las nuevas obras de saneamiento y potabilización a los ingresos netos de la compañía. 

En el caso de la vía navegable troncal del Río Paraná, la lucha por concesionar el servicio data desde el 2021, cuando vencieron los contratos y se colocó la ex Hidrovía Paraná-Paraguay en cabeza de la Administración General de Puertos. Sin embargo, hasta hoy la gestión del balizamiento y el dragado siguió a cargo de las empresas privadas, por vía de la tercerización.

Todavía resta un largo trámite judicializado por las irregularidades de los concursos desarrollados por los distintos gobiernos desde entonces. El entramado de intereses alcanza tanto a belgas, holandeses y dinamarqueses, quienes quedaron en carrera luego de excluirse a las compañías norteamericanas y chinas.

Mediante el Decreto Nº 3/25, el presidente anarcocapitalista firmó la disolución de la AGP y creó en su lugar una entidad autárquica dependiente del Ministerio de Economía: la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Este nuevo organismo tiene como objetivo reducir la participación estatal en el sector, limitándola a la mera coordinación de las actividades portuarias, ahora en manos del sector privado, y contempla una reducción del 79 % del personal. Entre los planes incluyeron vender bienes inmuebles y otros activos “innecesarios”.  

La lógica de los libertinos entra en una encrucijada autoinfligida, la velocidad de los vencimientos de deuda y la necesidad de dólares es muchísimo mayor a los procesos de privatización y concesiones en esta nueva época, donde lo que menos afloran son capitales para hacerse de servicios públicos de la periferia. 

Los tiempos de la globalización se terminaron y la venta del patrimonio público no encuentra compradores del otro lado del mostrador. La vieja confluencia del sector bancario con los acreedores del tercer mundo, al calor del Plan Brady, habían posibilitado la digitación de las privatizaciones en comandos únicos financieros (ver la experiencia del Citicorp Equity Investments). Sin embargo, estas experiencias carecen de lugar en nuestra época. 

Mientras los Desreguladores y Economía continúan su proceso de desguace del sector público para mejorar el “perfil de venta” de nuestra Argentina, desde la política debe adoptarse una estrategia clara sobre el problema, en tanto la irresponsabilidad de la urgencia está minando nuestras capacidades y encareciendo cada día el costo de arreglar este desastre improvisado. 

#3 -  Industriales nacionales

Las redes sociales existen desde que el hombre es comunidad. Cuando un gigante de la vida nacional da un paso, las luces de las pantallas sufren la interferencia de la realidad. 

Desde las oficinas estatales se dedican varias horas a construir y predicar las ideas del libertinaje económico, donde el libre comercio es el primer mandamiento. 

Uno de los principales del denominado grupo rojo, el Grupo Techint, convoca una vez al año a un Seminario Internacional en el cual pone a debate su visión sobre la economía, el trabajo y el mundo. 

En esta oportunidad se trata del Seminario N° XX y se desarrollará el próximo 21 de agosto en la sede de Retiro, Buenos Aires. El invitado especial será Robert Lighthizer, uno de los principales soldados del proteccionismo y ex representante comercial del primer mandato de Trump, y Dani Rodrik, uno de los principales teóricos de la economía productiva frente al libre comercio.

La propuesta consiste en poner en discusión las políticas de libre comercio que hasta ahora han imperado como discurso único. 

Contará con la presencia del capo de la compañía, Paolo Rocca, quien organiza los seminarios con el fin de influir en la discusión pública de la dirigencia nacional.

El invitado, Lighthizer, escribió el libro Ningún comercio es libre, y lo referencian como uno de los cerebros de la política de aranceles promovida por el gigante del Norte. 

La tesis que plantea sobre el proteccionismo industrial es que la población debe considerarse como productora de bienes antes que como consumidores, y entonces las barreras arancelarias son las herramientas para proteger a los sectores industriales, pues arbitran sobre el comercio de bienes.

Luego de la publicación del libro en 2023, Donald Trump declaró que se trataba de “una obra maestra que describe cómo mi administración se enfrentó a China y luchó contra los globalistas y comunistas que han estado estafando a los trabajadores estadounidenses durante décadas”.

Desde ya que el planteo de Lighthizer es, además de económico, geopolítico, en tanto considera a China como una amenaza para el desarrollo productivo de los Estados Unidos, país al cual pertenece y sobre el cual construye su proyecto de vida. 

En este sentido, otro de los fanáticos de Lighthizer, Steve Bannon, contaba en una entrevista reciente para el Financial Times que los aranceles son la antesala de una confrontación profunda con la potencia que se erige desde la “isla mundial”, Eurasia. Al decir de Mackinder, “quien controla la isla mundial controla el mundo”, y el desarrollo del gigante asiático bajo el paraguas del libre comercio, a través del subsidio a sus exportaciones, puede amenazar la continuidad de Estados Unidos como taller del mundo. 

Las conexiones entre Rocca y Lighthizer tienen unos cuantos años. El invitado de este Seminario es un lobbista de la industria siderúrgica norteamericana, donde Techint está presente.

Desde ya que sobran opiniones sobre los actores involucrados en esta noticia. Lo relevante para tomar nota es la discusión que se propone para la clase dirigente argentina: proteger el trabajo nacional, industrializar el país y construir una política de aranceles para garantizar el superávit comercial.